EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ACAPARA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE IGUALDAD

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido el tema principal que se ha debatido esta mañana en la Comisión Local de Seguimiento del Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía. La Comisión, presidida por la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Mª Antonia Naharro Cardeñosa, ha contado con la participación de la directora general de Violencia de Género de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Mª de los Ángeles Sepúlveda de la Torre.

Al inicio de la sesión, el Alcalde, Francisco Toscano Sánchez, ha dado la bienvenida a la comisión y ha agradecido el esfuerzo realizado por este grupo de trabajo en la lucha por la igualdad de género. Toscano ha puesto de relieve la importancia de la educación en igualdad y ha subrayado el papel de la mujer en la sociedad en plena igualdad. Toscano ha partido desde la defensa de los derechos de las mujeres y ha defendido las políticas dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres “como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar la lacra social de la violencia de género”. Y, en este sentido, Toscano ha defendido la plena capacidad y libertad de la mujer en la toma de decisiones porque, a su juicio, “los avances en la sociedad siempre han ido de la mano de la educación y de la cultura”.

El Pacto se materializa con la creación de unidades de apoyo local para, de manera transversal, ayudar y proteger a las víctimas permanentemente, como una de sus líneas estratégicas de actuación la lucha contra la violencia machista.

El Ejecutivo duplicará para el próximo año 2019 el presupuesto destinado a los ayuntamientos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hasta los 40 millones de euros. El Pacto contra la violencia machista rubricado por el Parlamento contempla en su primer año de vigencia 80 millones para la Administración General del Estado, 100 para las autonomías y otros 20 para los municipios. Sin embargo, a partir del año que viene, los ayuntamientos sumarán otros 20 millones para luchar contra este tipo de violencia.

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